Como parte de la ciudadanía andaluza, no somos ajenas de la gran relevancia histórica que tiene en nuestra tierra el 4 de diciembre. Efeméride de aquella manifestación de 1977 con la que el pueblo andaluz irrumpió el discurrir de la historia, al rechazar de forma masiva la discriminación a la que pretendían someterlo. Todo un ejemplo de dignidad.
Para las personas que defendemos el derecho humano de vivir en un mundo accesible, desde el año 2017 ese mismo día de diciembre tiene otro importante significado. Pero a diferencia de aquel, “nuestro” 4D simboliza dejadez y negligencia institucional, cuyo resultado directo es la discriminación de buena parte de la sociedad.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, "los ajustes razonables" se tendrían que haber realizado en todos los espacios, bienes y establecimientos construidos con anterioridad a 2010 para hacerlos accesibles, y por tanto inclusivos, antes del 4 de diciembre de 2017.
Hace cinco años que expiró el plazo y seguimos prácticamente igual. Basten algunos ejemplos:
- Transporte público (tren, metro, autobús): escasa accesibilidad cognitiva en las máquinas expendedoras de billetes y en la información que se proporciona; accesos y aseos inaccesibles; carencia de espacios reservados adecuados y suficientes para PMR, para personas usuarias de perro guía, etc.
- Acerado, rebajes y cruces: superficies que dificultan enormemente la movilidad (adoquines, empedrados…); ausencia de pavimento podotáctil o mal colocado; rampas inexistentes, inadecuadas y/o mal señalizadas; rebajes ejecutados dejando un escalón entre acera y calzada, etc.
- Comercios, establecimientos y edificios públicos: entradas inaccesibles o accesibles pero situadas lejos de la principal (accesos laterales o por detrás del local); ausencia de medidas de evacuación para personas con movilidad reducida en caso de emergencia; aseos y probadores no adaptados o supuestamente adaptados, que no cumplen la normativa y/o cuya principal función es la de servir de almacén o cuarto de los chismes; mostradores y barras de bares o restaurantes sin zona adaptada; falta de cajeros automáticos accesibles; escasos o nulos espacios reservados en cines, teatros, salas de conciertos y centros deportivos y/o situados en zonas marginales e incómodas, a un precio ya establecido sin opción a elección y, por supuesto, carentes de bucle magnético.
- Centros sanitarios: información, mostradores, camillas, consultas, habitaciones y servicios, aparatos de diagnóstico, etc., etc., con graves deficiencias en materia de accesibilidad.
- Mención especial merece el tema de la vivienda: en Sevilla existen aproximadamente 16.300 edificios de 3 o más plantas que presentan problemas de accesibilidad, de los que alrededor de 15.000 carecen de ascensor. No es necesario cavilar demasiado para entender el impacto que la imposibilidad de salir de tu propio hogar tiene en la vida de cualquier persona.
Y así un largo etcétera, pues a pesar de contar desde hace años con legislación suficiente y tendente a garantizar el DERECHO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, seguimos asistiendo a una flagrante vulneración del mismo, lo que implica la vulneración de otros muchos derechos.
La dejadez de las instituciones, en concreto el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, está favoreciendo esa vulneración de derechos humanos por no cumplir con la legalidad, pues a partir de ese 4 de diciembre todo lo anteriormente descrito es ilegal. Se suele apelar al factor económico para justificar esta inacción, pero realmente lo que hay detrás es una tremenda negligencia institucional, al ser la administración quien no cumple la normativa ni vela porque sea cumplida.
En el caso del Ayuntamiento, además de no cumplir el anterior Decreto, sigue concediendo licencias de obras y apertura a nuevos entornos e infraestructuras que no cumplen los requisitos de accesibilidad.
Ante esta intolerable realidad, volvemos a EXIGIR al Ayuntamiento de nuestra ciudad:
- Que cumpla y haga cumplir la normativa de accesibilidad en todos los niveles.
- Que promueva campañas de información entre las asociaciones de comerciantes para que conozcan sus obligaciones en cuanto a las condiciones de accesibilidad que deben tener los negocios de sus asociados.
- Que de una vez por todas aplique su potestad sancionadora ante los incumplimientos en materia de accesibilidad en los espacios, establecimientos y edificios públicos.
- Que no conceda nuevas licencias de edificación ni autorice proyectos que no cumplan estrictamente la normativa de accesibilidad.
- Que cree órganos realmente operativos ante los que poder denunciar los incumplimientos, con competencias asignadas y dotados de recursos personales suficientes, de modo que puedan actuar en un plazo mínimo de tiempo.
- Que los planes de accesibilidad dejen de ser brindis al sol y se aprueben adecuadamente presupuestados y calendarizados para ser puestos en marcha de forma eficaz y dentro de plazos razonables.
- Que deje de derrochar dinero público y lo emplee en hacer esta ciudad más accesible e inclusiva.
Como aquel pueblo que salió a la calle un 4 de diciembre, las personas que defendemos el derecho humano a la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL también queremos irrumpir el discurrir de una historia vergonzante, esa garabateada a golpe de discriminación, y reescribirla para contar que el camino de la inclusión solo se traza con voluntad y respetando la legalidad en materia de accesibilidad.
Por todo ello, EXIGIMOS una vez más al Ayuntamiento QUE CUMPLA la legalidad impuesta por la legislación en materia de accesibilidad universal y NO PERMITA LA ILEGALIDAD en nuestra ciudad.
¡BASTA! Exigimos ¡¡¡ACCESIBILIDAD UNIVERSAL YA!!!
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