SIN ACCESIBILIDAD NO HAY IGUALDAD NI JUSTICIA SOCIAL
Todas las personas, sin excepción, necesitamos adaptaciones. Desde las más rudimentarias tecnológicamente hablando hasta las más sofisticadas. Llegamos hasta dónde la imaginación lo permite a través de la adaptación del mundo que nos rodea.
La falta de escaleras, sin embargo, impondría límites y convertiría a todas las personas en “discapacitadas”, pues ese entorno arquitectónico creado (no natural) incapacitaría al impedir el desenvolvimiento autónomo y libre de las personas. Y eso es exactamente lo que ocurre con el resto de adaptaciones. Por suerte, en un mundo ficticiamente “normativo” como el nuestro, aquella necesidad considerada “normal” está cubierta. El problema (más bien la injusticia) surge cuando las adaptaciones no coinciden con las que necesita la mayoría estadística de la población, como por ejemplo, lengua de signos, pictogramas, bucle magnético, rampas, textos en braille, etc. Es decir, aquellas que suponen la aplicación de la accesibilidad universal.
Para evitar que ninguna persona se quede sin “usar las escaleras”, o lo que es lo mismo, sea excluida por vivir en un entorno incapacitante, existe un amplio tejido legislativo encaminado a garantizar ese derecho básico, y que obedece a la adaptación normativa del primer Tratado de Derechos Humanos del Siglo XXI: la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, rubricada por España en 2008, y cuyo artículo 9 reconoce expresamente la importancia de la accesibilidad, siendo uno de sus principios fundamentales.
Desde Eliminando Barreras, sin embargo, apelamos a la propia definición de accesibilidad universal para recalcar que es indispensable para la autonomía personal, la libertad y, en definitiva, la vida de muchas personas e igualmente beneficiosa para toda la ciudadanía, con y sin discapacidad. Porque recordemos, para que algo sea accesible tiene que ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
No en vano, en relación al mencionado artículo 9, la Observación general Nº 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa:
La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades (…) el acceso de esas personas al entorno físico y al transporte público es una condición previa para que ejerzan su libertad de circulación, garantizada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual forma, el acceso a la información y la comunicación se considera una condición previa para la libertad de opinión y de expresión, garantizada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, queremos llamar la atención sobre este concepto, tan desconocido como necesario, y exigir su rigurosa implementación. De lo contrario, ese 10% de la población que somos las personas con diversidad funcional, seguiremos rodeadas de innumerables barreras que dificultan nuestra autonomía y libertad, perpetuando nuestra condición de ciudadanía de segunda
Lamentablemente, la nula voluntad política de las instituciones, en nuestro caso más inmediato el Ayuntamiento de Sevilla, posibilita que eso suceda, vulnerando constantemente el derecho de vivir en un mundo inclusivo y no incapacitante ¿Cómo es posible? ¿Acaso una ley es más importante que otra? ¿La vulneración de un derecho que encierra a las personas en cárceles sin rejas y les impide llevar una vida digna y en igualdad de condiciones no es razón suficiente para la movilización y denuncia social? Nosotras creemos que sí.
El incumplimiento de una ley que garantiza un derecho básico debería ser un revulsivo para que toda la sociedad en su conjunto tomara conciencia de que sin accesibilidad no hay igualdad ni justicia social. Por ello, desde Eliminando Barreras esperamos que la Accesibilidad Universal, o adaptar el mundo a la diversidad humana, se empiece a considerar como lo que es, un derecho humano fundamental, y como tal se defienda. Hoy 10 de diciembre, y siempre.
SI HABLAMOS DE ACCESIBILIDAD, DÍA DE LA VERGÜENZA INSTITUCIONAL
Como parte de la ciudadanía andaluza, no somos ajenas de la gran relevancia histórica que tiene en nuestra tierra el 4 de diciembre. Efeméride de aquella manifestación de 1977 con la que el pueblo andaluz irrumpió el discurrir de la historia, al rechazar de forma masiva la discriminación a la que pretendían someterlo. Todo un ejemplo de dignidad.
Para las personas que defendemos el derecho humano de vivir en un mundo accesible, desde el año 2017 ese mismo día de diciembre tiene otro importante significado. Pero a diferencia de aquel, “nuestro” 4D simboliza dejadez y negligencia institucional, cuyo resultado directo es la discriminación de buena parte de la sociedad.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, "los ajustes razonables" se tendrían que haber realizado en todos los espacios, bienes y establecimientos construidos con anterioridad a 2010 para hacerlos accesibles, y por tanto inclusivos, antes del 4 de diciembre de 2017.
Hace cinco años que expiró el plazo y seguimos prácticamente igual. Basten algunos ejemplos:
Transporte público (tren, metro, autobús): escasa accesibilidad cognitiva en las máquinas expendedoras de billetes y en la información que se proporciona; accesos y aseos inaccesibles; carencia de espacios reservados adecuados y suficientes para PMR, para personas usuarias de perro guía, etc.
Acerado, rebajes y cruces: superficies que dificultan enormemente la movilidad (adoquines, empedrados…); ausencia de pavimento podotáctil o mal colocado; rampas inexistentes, inadecuadas y/o mal señalizadas; rebajes ejecutados dejando un escalón entre acera y calzada, etc.
Comercios, establecimientos y edificios públicos: entradas inaccesibles o accesibles pero situadas lejos de la principal (accesos laterales o por detrás del local); ausencia de medidas de evacuación para personas con movilidad reducida en caso de emergencia; aseos y probadores no adaptados o supuestamente adaptados, que no cumplen la normativa y/o cuya principal función es la de servir de almacén o cuarto de los chismes; mostradores y barras de bares o restaurantes sin zona adaptada; falta de cajeros automáticos accesibles; escasos o nulos espacios reservados en cines, teatros, salas de conciertos y centros deportivos y/o situados en zonas marginales e incómodas, a un precio ya establecido sin opción a elección y, por supuesto, carentes de bucle magnético.
Centros sanitarios: información, mostradores, camillas, consultas, habitaciones y servicios, aparatos de diagnóstico, etc., etc., con graves deficiencias en materia de accesibilidad.
Mención especial merece el tema de la vivienda: en Sevilla existen aproximadamente 16.300 edificios de 3 o más plantas que presentan problemas de accesibilidad, de los que alrededor de 15.000 carecen de ascensor. No es necesario cavilar demasiado para entender el impacto que la imposibilidad de salir de tu propio hogar tiene en la vida de cualquier persona.
Y así un largo etcétera, pues a pesar de contar desde hace años con legislación suficiente y tendente a garantizar el DERECHO A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, seguimos asistiendo a una flagrante vulneración del mismo, lo que implica la vulneración de otros muchos derechos.
La dejadez de las instituciones, en concreto el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, está favoreciendo esa vulneración de derechos humanos por no cumplir con la legalidad, pues a partir de ese 4 de diciembre todo lo anteriormente descrito es ilegal. Se suele apelar al factor económico para justificar esta inacción, pero realmente lo que hay detrás es una tremenda negligencia institucional, al ser la administración quien no cumple la normativa ni vela porque sea cumplida.
En el caso del Ayuntamiento, además de no cumplir el anterior Decreto, sigue concediendo licencias de obras y apertura a nuevos entornos e infraestructuras que no cumplen los requisitos de accesibilidad.
Ante esta intolerable realidad, volvemos a EXIGIR al Ayuntamiento de nuestra ciudad:
Que cumpla y haga cumplir la normativa de accesibilidad en todos los niveles.
Que promueva campañas de información entre las asociaciones de comerciantes para que conozcan sus obligaciones en cuanto a las condiciones de accesibilidad que deben tener los negocios de sus asociados.
Que de una vez por todas aplique su potestad sancionadora ante los incumplimientos en materia de accesibilidad en los espacios, establecimientos y edificios públicos.
Que no conceda nuevas licencias de edificación ni autorice proyectos que no cumplan estrictamente la normativa de accesibilidad.
Que cree órganos realmente operativos ante los que poder denunciar los incumplimientos, con competencias asignadas y dotados de recursos personales suficientes, de modo que puedan actuar en un plazo mínimo de tiempo.
Que los planes de accesibilidad dejen de ser brindis al sol y se aprueben adecuadamente presupuestados y calendarizados para ser puestos en marcha de forma eficaz y dentro de plazos razonables.
Que deje de derrochar dinero público y lo emplee en hacer esta ciudad más accesible e inclusiva.
Como aquel pueblo que salió a la calle un 4 de diciembre, las personas que defendemos el derecho humano a la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL también queremos irrumpir el discurrir de una historia vergonzante, esa garabateada a golpe de discriminación, y reescribirla para contar que el camino de la inclusión solo se traza con voluntad y respetando la legalidad en materia de accesibilidad.
Por todo ello, EXIGIMOS una vez más al Ayuntamiento QUE CUMPLA la legalidad impuesta por la legislación en materia de accesibilidad universal y NO PERMITA LA ILEGALIDAD en nuestra ciudad.
Desde la Asociación Eliminando Barreras hemos participado en la consulta pública previa a la elaboración de la futura Ordenanza Municipal del Servicio Urbano de Taxi de Sevilla, a través del envío de una serie de propuestas y comentarios. Asimismo, compartimos nuestra aportación con otras entidades para que, si lo veían oportuno, participaran de igual modo en dicha consulta pública.
Nuestras propuestas giran en torno a garantizar, especialmente, el cumplimiento de la modificación número dieciséis que introduce el Artículo Único del Decreto 84/2021, de 9 de febrero, en el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo (Decreto 35/2012, de 21 de febrero). A saber, la adición de un apartado 7 al artículo 54 (Taxis adaptados), que queda redactado en los siguientes términos:
7. A fin de garantizar el transporte de personas con movilidad reducida durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, el Ayuntamiento o entidad correspondiente podrá establecer un régimen de coordinación de horarios, así como un calendario semanal de disponibilidad de estos vehículos previa consulta a las asociaciones más representativas de personas con movilidad reducida y de los consumidores y usuarios. A tal efecto, se podrá exigir la incorporación al servicio a través de emisoras o sistema de telecomunicación.
Creemos que explicitar la obligación por parte del Ayuntamiento de Sevilla u organismo competente (Instituto del Taxi) de establecer mecanismos de funcionamiento del servicio de eurotaxi encaminados a garantizar su disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, es tanto un gran avance como una exigencia ajustada a derecho.
Hemos de recordar que este tipo de transporte público accesible se creó con el objetivo de atender la demanda del colectivo de personas con discapacidad, que, si bien no son la única clientela potencial, sí es la prioritaria. Y así se recoge tanto en los Estatutos del Instituto del Taxi como en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi aún vigente. Extremo que a lo largo de los años hemos comprobado que no se cumple, engrosando, por tanto, los diversos factores que han impedido que las personas usuarias dispongan de un servicio de calidad y acorde con sus necesidades, que son las que puede tener cualquier persona en su día a día. Con la diferencia de que, mientras la mayoría de la ciudadanía puede optar por diferentes medios de transporte, hay personas que sólo cuentan con este servicio, lo que condiciona y perjudica gravemente su vida.
El acceso al transporte público, y por tanto el libre desenvolvimiento, es la piedra angular de toda vida independiente y realmente incluida en la comunidad, y, como tal, se expresa en el Artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada por España en 2008): a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (...)
A pesar de los esfuerzos realizados, tanto institucional como por parte de las emisoras y de nuestra propia Asociación, el servicio de eurotaxis sigue siendo deficiente, lo que supone una vulneración, entre otros, del derecho a la igualdad de oportunidades. Lo que traducido al lenguaje constitucional significa DISCRIMINACIÓN por motivos de discapacidad.
Las propuestas remitidas son las siguientes:
1. Aumentar el número de taxis accesibles.
Según el Ayuntamiento de Sevilla, un 5% de la flota total de taxis son eurotaxis. Sin embargo, ello no se traduce en una disponibilidad real del servicio, dado que ese porcentaje de vehículos adaptados no presta servicio de forma simultánea en ningún momento del día. Siendo, por tanto, ese 5% insuficiente para atender la demanda, tal y como nuestra entidad ha podido comprobar en numerosas ocasiones.
Proponemos:
Que ese 5% sea la base y no el techo, tal y como establece el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, en su artículo 54:
2. Los municipios o entidades competentes incluirán en sus Ordenanzas las disposiciones oportunas para que al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad.
Según nuestra experiencia, en una ciudad como Sevilla, está más que justificada la existencia de un porcentaje superior al mínimo exigido de taxis adaptados. Máxime cuando hay una población que únicamente puede usar este tipo de transporte público.
2. Crear una APP y una emisora única, ambas de gestión pública.
Según la Estipulación Novena del Convenio Marco de colaboración entre el Instituto del Taxi y las entidades representativas del sector:
(…) el Ayuntamiento pondrá en marcha las actuaciones necesarias para la aplicación de nuevas tecnologías que optimicen y maximicen el rendimiento del servicio (…)
A tal efecto, y en una primera fase, se pondrá en marcha una aplicación móvil que permita a los usuarios solicitar, reservar, compartir y conocer, en tiempo real, dónde se encuentran los taxis (…)
Posteriormente, y en una segunda fase, se regulará y pondrá en marcha un plan de gestión integral del servicio de auto-taxi (emisora pública, APP municipal y unificada). Para dicho plan se formará, asimismo, un equipo de trabajo en el que participarán todos los sectores implicados con el objetivo de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios y la calidad de vida de los profesionales del taxi y de su seguridad, a la vez que la planificación será acorde con los efectivos en servicio (…)
A pesar de que dicho Convenio Marco dejó de estar vigente hace tres años (2016-2019), tales medidas nunca se hicieron efectivas.
Proponemos:
La puesta en marcha del citado plan de gestión integral del servicio de auto-taxi, con la consiguiente creación y aplicación inmediata de una emisora única y una APP unificada, ambas gestionadas por el Ayuntamiento u organismo competente (Instituto del Taxi). Sin duda, tales propuestas favorecerán la eficiencia y correcta gestión de la flota.
3. Garantizar y facilitar el servicio de eurotaxi en Feria, Semana Santa y otros eventos y festividades.
Especialmente en los últimos meses, hemos comprobado cómo el servicio de eurotaxi brilla por su ausencia cada vez que en la ciudad se celebran sus Fiestas Mayores o algún evento de cierta trascendencia, ya sea un concierto internacional o la final de la UEFA. Eventos que, por mucho que engorden el prestigio y las arcas públicas, en ningún caso son más importantes que el derecho de la ciudadanía con discapacidad a desplazarse.
La nula disponibilidad del servicio de eurotaxi durante la celebración de estos eventos masivos viene motivada por el aumento de la demanda de taxis durante los mismos. En estos casos, el Ayuntamiento, en vez de asegurar el servicio a la ciudadanía que más lo necesita, adopta medidas para atender la posible demanda, como la liberación de toda la flota durante varias horas. Medidas que resultan perjudiciales para las personas con movilidad reducida, por lo que en vez de resolver el problema de la escasez de taxis adaptados, lo acentúa.
Proponemos:
Que el Ayuntamiento de Sevilla y los organismos directamente competentes busquen fórmulas para garantizar que el servicio de eurotaxi esté siempre disponible, si no toda la flota, al menos un porcentaje importante de la misma, para atender la demanda de las personas con movilidad reducida cuando en la ciudad tengan lugar eventos que previsiblemente vayan a generar una alta demanda de servicios.
Además de esa propuesta general, queremos hacer las siguientes, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio de taxis adaptados, especialmente en Semana Santa y Feria:
3.1. Crear y poner en marcha un medio específico y diferenciado para solicitar eurotaxis.
Podría crearse una aplicación móvil (aparte de la APP anteriormente mencionada) o habilitar una línea telefónica, en la que además de informar en tiempo real sobre cuántos eurotaxis están en servicio en un momento dado, posibilite un contacto directo entre la persona usuaria y el servicio.
3.2. Habilitar un lugar de encuentro entre eurotaxis y personas usuarias con movilidad reducida, en el que se atienda y priorice de forma específica a este servicio.
Ese lugar podría ser una parada de taxis alternativa, señalizada a tal efecto y próxima a la “convencional”, en la que de manera exclusiva pararan eurotaxis. En caso de que no hubiera ninguna persona con discapacidad en dicha parada alternativa, el taxi adaptado podría dirigirse a la convencional, de modo que no pierda la oportunidad de hacer un servicio.
4. Establecer la obligación por parte de los conductores de vehículos adaptados de comunicar su retirada del servicio, con el fin de mantener el 5%.
Propuesta relacionada con la 3.1., cuyo objetivo es tanto asegurar que ese 5% esté operativo de manera simultánea, como el poder conocer en tiempo real cuántos eurotaxis están de servicio.
No obstante, insistimos en que el número de taxis que representa ese porcentaje es insuficiente para atender la demanda real por parte de las personas con movilidad reducida, por lo que lo razonable (y ajustado a derecho) sería aumentar la flota de taxis accesibles, tal y como contempla el citado artículo 54 del Decreto 35/2012.
5. En caso de implantarse los eurotaxis de 9 plazas, establecer la obligación de que tengan dos espacios habilitados para llevar de forma simultánea a dos personas usuarias de silla de ruedas o scooter.
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y, por tanto, no deberían verse privadas del derecho a viajar con quiénes ellas quieran, incluido otra persona también usuaria de silla de ruedas o scooter; impedir o dificultar esa libre elección supone un hecho discriminatorio y contrario a los Derechos Humanos.
Por ello, si el objetivo de este tipo de transporte es posibilitar y facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida (PMR), no tiene sentido aumentar el número de plazas sin aumentar las plazas de PMR.
Aunque podéis verlo desde el principio, os adjuntamos el vídeo de la participación en estar jornadas desde el momento en el que entran a participar nuestras compañeras Aurora Ortega y Nieves Dastis:
Carta abierta al Sr. Juan Manuel Flores Cordero, Teniente de Alcalde & Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla
Sr. Flores:
En la sesión de la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrada el viernes 20 de mayo, la concejala Dª Susana Serrano, haciéndose eco de nuestra denuncia ante la Fiscalía de Personas con Discapacidad de Sevilla, volvió a plantear una pregunta sobre el flagrante incumplimiento de la normativa de accesibilidad en las obras realizadas recientemente por EMASESA y el Ayuntamiento de Sevilla en el barrio de Bellavista. Decimos “volvió”, porque esta pregunta ya se formuló en marzo, sin que hasta la sesión de control se hubiera obtenido respuesta alguna.
Ese día, usted no tuvo más remedio que "contestar", por llamar a su intervención de alguna manera. Hoy queremos decirle que sus respuestas no se ajustan en absoluto a la realidad y nos han indignado profundamente.
Puede que usted desconozca la normativa de accesibilidad, que ya sería grave, pero en la asociación Eliminando Barreras le podemos asegurar que la conocemos perfectamente. Por eso, nos indigna que usted, un cargo público, concretamente el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, intente justificar una intervención en la vía pública que ha sido autorizada y supervisada de manera inadecuada por el Servicio de Obras y Proyectos de la GMU, y que está teniendo como consecuencia la vulneración al derecho de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad por falta de accesibilidad (Art.63 del R.D.L. 1/2013 de 29 de noviembre y Art. 9 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía).
Tenga la certeza de que nuestros arquitectos técnicos son especialistas en el tema de la accesibilidad y además contamos con el asesoramiento de uno de los redactores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Debemos dejar claro, tanto a usted como a sus asesores, que los innumerables defectos de forma en materia de accesibilidad que tiene el proyecto (prácticamente no tiene nada sobre accesibilidad, y lo poco que tiene está mal), deberían haber supuesto la no autorización automática del mismo por parte de la GMU: el documento que EMASESA presentó para obtener la autorización no tiene los contenidos mínimos de accesibilidad que se exigen en el Decreto 293/2009, y que son los que permiten que los técnicos de la GMU puedan verificar si se cumple o no la normativa de accesibilidad a nivel de proyecto.
En caso de que no se cumpla o que, como en el proyecto que nos ocupa, la información sobre accesibilidad no esté reflejada y por tanto no se pueda verificar su cumplimiento, sus técnicos están obligados a denegar la autorización. Esto es lo que tenía que haber sucedido y fue el primer error grave que se cometió en esta actuación.
Incluso pensando que los técnicos del Servicio de Obras y Proyectos hubieran concedido de forma errónea la autorización a un proyecto de ejecución que no cumple la normativa, le preguntamos:
¿Qué ha pasado durante la obra?
¿Acaso los técnicos responsables de la ejecución no han visto el tamaño de las aceras?
¿Ni la inclinación transversal de los rebajes para vehículos de las aceras?
¿Tampoco se han percatado de los postes de electricidad en mitad de las aceras?
…
Hasta una persona sin ninguna formación en materia de accesibilidad sabe que esas calles no son accesibles tras las obras, porque por ellas no podrán acceder transeúntes con problemas de movilidad reducida.
Estas comprobaciones durante la ejecución son obligatorias según el artículo 137 del Decreto 293/2009: “Los órganos de control técnico con funciones de visado, supervisión e inspección en la redacción de proyectos u otros documentos técnicos, así como los que hayan de intervenir en las recepciones, licencias, calificaciones y autorizaciones finales, supervisarán el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto y sus normas de desarrollo, a cuyos efectos deberán llevar a cabo las mediciones y comprobaciones pertinentes”. Pero a la vista está que en las obras objeto de nuestra denuncia, nadie del Servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Sevilla ha supervisado, ni medido, ni comprobado, nada que tenga que ver con el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad Universal en las tres calles. Este es el segundo error grave de la gestión de esta obra.
No dudamos de que las redes de abastecimiento y saneamiento hayan quedado perfectas, pues en este tema no se permite error alguno. En cambio, parece que en el Proyecto de Obras la accesibilidad brilla por su ausencia.
Por si fuera poco, cuando por primera vez vimos in situ lo que se estaba haciendo (aún había muchas zonas en las que solo estaba hecha la excavación, es decir, estábamos a tiempo de corregir errores de proyecto), advertimos de los incumplimientos al encargado de obras, que nos dijo que él hacía lo que ponía en planos (lógicamente, porque es su responsabilidad). Ante esta respuesta, le pedimos que informara a los técnicos responsables de la obra que, según nos comentó, la frecuentaban a menudo. Mientras tanto, lo denunciamos en nuestras redes sociales.
Cuando volvimos a verlo, nos explicó que lo había hablado con los técnicos responsables de la obra y que le habían dicho que no había nada que corregir, justificándolo con los mismos argumentos surrealistas que han expuesto ahora ustedes ante la Fiscalía y ante la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno.
Por todo lo anterior, creemos firmemente que usted debería haber reconocido de forma inmediata el error en sede municipal y asegurar que lo iban a subsanar, a la mayor celeridad posible. Esperamos que sea así, pero nos preguntamos quién lo pagará:
¿Lo pagarán los responsables de los errores cometidos?
¿Lo pagaremos todos los ciudadanos y ciudadanas con nuestros impuestos?
Tenemos la razón de nuestra parte, avalada por la normativa y vamos a seguir reclamando ante todas las instancias e instituciones que nos sea posible. Es difícil de explicar con palabras la indignación que sentimos al escuchar su intervención. Por eso ponemos el enlace al vídeo de la misma para que cada persona pueda extraer sus propias conclusiones:
Vídeo: Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrada el viernes 20 de mayo
Nos encantaría saber quién le ha asesorado para preparar su intervención. Suponemos que las mismas personas que han escrito la respuesta a Fiscalía. Le sugerimos que busque asesores que le digan la verdad y que estudien la normativa de accesibilidad con más rigor.
A continuación, exponemos algunos extractos de la respuesta que sus asesores han enviado a Fiscalía:
“No son obras de reurbanización integral, sino que tienen un objeto mucho más limitado. Concretamente se trata de obras de sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento…” (extracto de la página 1 del documento de respuesta, firmado por el Gerente de la GMU, D. Juan Carlos de León Carrillo).
“El objeto de estas obras es la renovación por conservación de las redes de abastecimiento y saneamiento de varias calles del Distrito Bellavista-La Palmera e incluye la correspondiente reposición de los pavimentos afectados” y “( …) al no tratarse de una reurbanización integral” (extractos del Anexo I, firmado por D. Carlos Carretero Campos del Servicio de Proyectos y Obras de la GMU del Ayuntamiento de Sevilla).
“…conlleva la afección a los pavimentos, la cual se resuelve mediante la reposición de los afectados por otros nuevos” (extracto del Anexo II, firmado por D. José Antonio Gómez Casado-Director técnico).
Si no hubiéramos podido acceder al proyecto de ejecución aprobado, nos lo hubiéramos tenido que creer, pero resulta que es un documento público del que se puede ver todo su contenido y, entre otras, se ven las siguientes imágenes:
Puede verse cómo la repavimentación afecta a toda la superficie de las calles. Una imagen similar ofrecen las otras dos zonas de la obra, que se recogen en las páginas 24 y 25 del citado documento.
Como se observa en la sección constructiva, la repavimentación de la obra afecta a todo el ancho de la calle. La calle se levanta íntegramente y luego se reurbaniza íntegramente. Lo único que permanece es el ancho de la calle. Toda la urbanización se demuele y se vuelve a ejecutar.
Si no hubiéramos visto las obras durante la ejecución, podríamos pensar que solo se han roto unas cuantas baldosas de las aceras y las han repuesto, que es lo que parece que quieren dar a entender a Fiscalía.
Quizás es que usted no ha estado durante las obras. Por ello, le sugerimos que observe con atención la siguiente imagen y a ver si puede negarnos que no es una obra de reurbanización integral, porque ¿cómo se llama una obra en la que lo único que quedó de las calles primitivas fueron las casas y, lógicamente, el ancho de las calles? ¿que solo se han cambiado los pavimentos afectados? Esto último parece ser lo único cierto, con el matiz de que todos los pavimentos fueron afectados; todas y cada una de las baldosas de las tres calles intervenidas y todos los metros cuadrados de asfalto de las mismas, porque como figura en los planos y en las mediciones del proyecto y, como pudimos comprobar in situ, se demolieron las tres calles, de punta a punta.
Fuente: elaboración propia, imagen tomada el día en el que miembros de la asociación realizaron una visita al barrio el 7 de diciembre de 2021 con D. Daniel Rojas de Izquierda Unida y miembros de la plataforma vecinal de Bellavista. Se observa que la calle se levantó por completo y se reurbanizó partiendo de cero: no es cierto que “solo” se sustituyeran los pavimentos dañados, como se afirma en la respuesta remitida a Fiscalía, es que tras la demolición inicial NO queda ningún pavimento. De modo que los acerados que no cumplen la normativa de accesibilidad han sido ejecutados ÍNTEGRAMENTE durante la obra recientemente concluida.
Los argumentos que se han dado en sede municipal, y en su respuesta a Fiscalía para tratar de justificar lo injustificable, son simplemente insostenibles y esperamos que el Fiscal nos ofrezca una contundente respuesta.
Nuestra indignación no termina aquí, porque de sus intervenciones nos han dolido muchos más aspectos, entre los que destacamos:
El nulo respeto por el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad y de la ciudadanía en general, porque no olvidemos que la accesibilidad es para todas las personas (definición del RDl 1/2013).
Cuando dice que abordar una solución en las calles de Bellavista tiene muchas dificultades por las características que estas tienen…¡Pues claro!, pero para eso tienen técnicos conocedores de la normativa de accesibilidad en la GMU y en la Oficina de Accesibilidad, aunque visto lo visto dudamos de su efectividad. Curiosamente, estos técnicos, junto con los redactores de los proyectos de EMASESA, sí encuentran respuestas mucho más adecuadas, aunque no buenas al 100%, para idénticos problemas y en calles del mismo tipo que Enamorados, Laguna o Manuel Gonzalo Mateu, con la única diferencia de que esas otras calles están en zonas con más “suerte” de nuestra ciudad.
Si tiramos de hemeroteca, veríamos las veces que se le ha llenado la boca a su gobierno municipal hablando de las virtudes de la solución de plataforma única de uso compartido en calles como las de Bellavista, con los mismos problemas de balcones, alturas de los accesos, ancho de vía, aparcamientos… Por eso, su intento de justificación cae por su propio peso.
Como decimos, solo echando un vistazo a los periódicos antiguos o dando un paseo por el centro de la ciudad, por calles como Calatrava, Amor de Dios, Marco Sancho, Quintana, Correduría y un larguísimo etcétera de nombres que podríamos poner aquí, veríamos que es rotundamente falso que no existiera otra solución que la de volver a construir aceras que en algún tramo miden menos de 55 cm, que tienen un poste en mitad de la mismas o una pendiente transversal del 22%, cuando lo máximo permitido es el 2%. Sabemos que esto no se lo puede creer usted.
En su intervención dice que hay que dar respuesta a los problemas estructurales en las redes de abastecimiento y saneamiento y, al mismo tiempo, una vez que hay que levantar se aprovecha para realizar mejoras de accesibilidad, y que para ello se han tenido en cuenta las normas de accesibilidad. ¿Podría usted decirnos cuáles? Desde luego, no han tenido en cuenta el Decreto 293/2009, ni la Orden VIV 561/2010 ya derogada, pero que era aplicable en el momento de redactar el proyecto.
Usted habla de “mejoras de accesibilidad''. Sepa que una vez levantada una calle íntegramente, de punta a punta, no hay que hacer mejoras, hay que reurbanizarla, que es lo que han hecho, pero bien reurbanizada, de acuerdo a toda la normativa de accesibilidad. Sepa también que cuando solo se hacen mejoras se llaman “ajustes razonables” y que no vale para este caso que nos ocupa.
También asegura que informaron a los vecinos y vecinas afectados y que estaban de acuerdo con las obras. En primer lugar, tenemos que decirle que el hecho de que el 8 de febrero de 2021 se celebrara una reunión con vecinos y vecinas de las calles afectadas, y que los que fueran a dicha reunión estuvieran satisfechos, nada tiene que ver con que las obras se hayan hecho incumpliendo la normativa de accesibilidad, que es lo que nuestra asociación está denunciando ante Fiscalía. Es más, aunque todos y todas las vecinas del barrio hubieran votado favorablemente al proyecto de reurbanización, hecho que dudamos, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad que garantiza la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad no se puede ni cuestionar, ni someter a votación. De hecho, dos miembros de nuestra asociación que viven en esa zona del barrio están muy descontentos, como se puede constatar en la siguiente entrevista: (PINCHA AQUÍ PARA VISUALIZAR LA ENTREVISTA):
La siguiente es una de las afirmaciones que más nos han molestado: “con muchas entidades con respecto a ese tema, se trabaja en esta ciudad, en este gobierno, desde el ámbito del Consejo de la Discapacidad, que es un consejo social de participación, donde hay entidades que aportan y quieren trabajar desde un punto de vista de dialéctica crítica, no de confrontación per se”. Es evidente que con este comentario hace una clara alusión a nuestra asociación, que es la que le ha obligado a dar explicaciones. Lo que para nuestra entidad es colaborar, para usted es confrontar. De todos los errores cometidos en su intervención, es éste uno de los que más nos ha agraviado y ofendido.
Está claro que no nos conoce o que no nos quiere conocer, pues trabajamos de forma desinteresada. En Eliminando Barreras nadie cobra por el trabajo que hacemos y no hemos recibido nunca ni un solo euro de subvenciones o ayudas públicas.
Ni siquiera puede argumentar que le han informado mal sus asesores, porque usted sabe de primera mano, ya que coordinaba la Comisión de Accesibilidad incluso antes de ocupar el cargo que ahora ostenta, la cantidad de reuniones, llamadas, cartas, propuestas, solicitudes, etc. que hemos remitido para que nos permitieran formar parte de la misma. Es más, le recordamos que a instancia nuestra, se modificó el reglamento del Consejo Municipal de Sevilla de Atención a las Personas con Discapacidad, del que depende la citada comisión, para que pudiera haber más entidades en el mismo.
Sin embargo, para nuestra sorpresa, en la modificación del citado reglamento se propuso que las asociaciones deberían ir en representación de alguna discapacidad. ¿Se ha leído usted alguna vez la definición de accesibilidad universal del artículo 3 del RDL 1/2013?
“ Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.”
PARA TODAS LAS PERSONAS. No dice que la accesibilidad sea para las personas con discapacidad, como sí recogían anteriores leyes. Así pues, si hay una Comisión de Accesibilidad Municipal, creemos que hay dos opciones:
que la Comisión de Accesibilidad sea independiente del Consejo Municipal de Sevilla de Atención a las Personas con Discapacidad, dado que la accesibilidad es para todas las personas, aunque sea imprescindible para las personas con discapacidad; o
que se permita participar en él entidades que trabajen por la accesibilidad universal, independientemente de que sean de personas con y/o sin discapacidad, como es el caso de la nuestra, formada por personas sin y con discapacidad (de, movilidad, auditiva, visual…) que comparten un objetivo común, el de fomentar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Máxime cuando somos la ÚNICA asociación provincial, y probablemente autonómica, cuya única razón de ser es la accesibilidad.
Sería bueno que pudieran participar las personas y asociaciones que de verdad estén interesadas, porque suponemos que sabe que a veces no se han podido celebrar las reuniones porque las personas que sí pueden ir no van, y a nosotros que estamos interesados de verdad en ir, no nos dejan.
Sepa que lo de redactar informes y denuncias no es por gusto. Tenemos vida propia, trabajos, familia y tareas muchísimo más divertidas que hacer, en lugar de presentar denuncias. Preferiríamos sin duda ir a la inauguración de una calle a celebrar lo bien que lo han hecho, pero da la casualidad que ustedes no nos dan muchas oportunidades para ello.
¿Qué no estamos dispuestos a colaborar? Pregunte usted quién diseñó el logo de los taxis adaptados disponibles 24h, o quién colaboró en la última regulación de los taxis adaptados, o quiénes se reunieron con los arquitectos del nuevo Centro Cívico de Sevilla Este, gracias a la intervención de su compañera, doña Adela Castaño, para intentar que el proyecto cumpliera la normativa de accesibilidad y así evitar las reclamaciones futuras. Estos son solo algunos ejemplos.
Otro más: recordará que cuando usted coordinaba la Mesa del Distrito Sanitario, participamos en varias sesiones (antes de que no nos volviera a invitar) y fuimos la única asociación que entregó un dossier con propuestas de mejora para los centros de Salud de Sevilla. Un dossier redactado con la colaboración de nuestros socios y socias que nos enumeraron la enorme cantidad de problemas de accesibilidad que tenían. Eso fue hasta que durante una reunión nos enseñó el proyecto de reforma que iban a realizar en un baño adaptado de un centro de salud y le dijimos que no cumplía la normativa. ¿Lo recuerda? Sepa que nosotros preferimos advertirlo antes y no tener que denunciar una vez hecha la obra, pero su respuesta fue no volver a convocarnos nunca más a esas reuniones.
Y lo de recurrir a Fiscalía, se debe a que antes lo hemos intentado todo (quizá usted no lo sepa porque no lleva demasiado tiempo en el cargo):
Reuniones con cargos del Ayuntamiento, con responsables de la GMU, con asesores de políticos (porque los titulares no quisieron reunirse con nosotros y enviaron sustitutos).
Reuniones tras las cuales las promesas se fueron con el viento.
Escritos de propuestas de mejora entregados al Ayuntamiento sobre diversos temas (urbanismo, transporte, sanidad…).
Montones de denuncias hechas por registro ante la GMU, la Oficina de Accesibilidad, en las que ustedes tenían tres opciones: - La mayoría de las veces ni nos asignaban un número de registro. - Nos daban número de registro y ahí se quedaba. - Nos contestaban, las pocas veces que lo han hecho, como en esta ocasión, solo con excusas y falsas afirmaciones. Tardaron incluso un año en contestar al Defensor del Pueblo Andaluz.
Hasta nos hemos ofrecido a darles clases de accesibilidad gratuitas a los técnicos de la GMU.
Tendremos quizá que preguntarnos qué entiende usted por “colaborar”. Si para usted colaborar significa darle siempre la razón al Ayuntamiento y mirar para otro lado cuando veamos cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad por falta de accesibilidad, sepa que en eso no estamos dispuestos a “colaborar”. En nuestra asociación trabajamos para garantizar derechos, no para ganar votos, ni conseguir subvenciones.
Quizá se nos pueda acusar de otras cosas, pero de que no colaboramos…
Para terminar, queremos comunicarle que lo próximo que probablemente denunciaremos serán las obras que en la actualidad se están ejecutando por fases en el barrio de Palmete, que hemos tenido la oportunidad de visitar recientemente, y que incumplen la normativa de accesibilidad prácticamente de la misma forma que las de Bellavista; por si esta vez quiere asesorarse mejor.
Atentamente,
La Junta Directiva de Eliminando Barreras
PD: para evitar futuras “confrontaciones”, advertimos de que la misma barbaridad cometida en Bellavista puede repetirse en la Bda. de Palmete. Según el dicho popular, quien avisa, no es traidor.
Canal Sur TV se hace eco de nuestra denuncia. Escuchad a Antonio, un vecino afectado por esta vulneración de igualdad de oportunidades.
Las justificaciones publicadas hoy en prensa son intolerables, poco dignas de Emasesa y Ayuntamiento de Sevilla.
La Fiscalía de Sevilla investiga las obras de @emasesa en varias calles de Bellavista, porque las aceras son estrechas y hay obstáculos que impiden las movilidad de las personas con discapacidad. Así se lo hemos contado en nuestro informativo con @inma_lago y @ARevirie. pic.twitter.com/lf3sum9l4L
La Asociación Eliminando Barreras denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla y la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (EMASESA) están reurbanizando las calles Manuel Gonzalo Mateu, Enamorados y Laguna del barrio de Bellavista incumpliendo prácticamente toda la Normativa de Accesibilidad Universal aplicable en el momento de redacción del proyecto.
Como consecuencia inmediata de tal negligencia, habrá personas usuarias de silla de ruedas que no puedan salir de sus casas (sobre todo cuando haya coches aparcados), dado que, una vez concluidas las obras, el ancho de las aceras de la mayoría de los tramos oscilará entre 95 cm y 72 cm, llegando algunas zonas a medir únicamente 55 cm, cuando la normativa establece un ancho mínimo de 150 cm en zonas urbanas consolidadas, como la que es objeto de esta denuncia.
Imágenes tomadas por un miembro de Eliminando Barreras,
en las que se aprecia la estrechez de algunos tramos de acera
Nada de lo recogido en la normativa es un capricho, y cuando exige que delante de las puertas de acceso haya un espacio libre de 1,20 m de diámetro, es porque ese espacio es el necesario para poder salir y hacer las maniobras para cerrar la puerta y tomar la acera; maniobras que serán imposibles de hacer si la nueva acera mide menos de 1 m, en el mejor de los casos.
Siendo lo anterior el incumplimiento más importante, no es el único que la entidad ha observado, ya que durante el proceso de ejecución de las obras se han cortado los itinerarios peatonales accesibles sin dar a las personas usuarias de sillas de ruedas, andadores o scooters otra alternativa accesible y segura; asimismo, el propio estado de la obra, con vallados inadecuados, desniveles, zanjas, agujeros mal protegidos, etc. suponen un serio riesgo para todas las personas del barrio.
Imágenes tomadas por un miembro de Eliminando Barreras, en las que se aprecia la falta de seguridad y la
interrupción de los itinerarios peatonales accesibles sin ofrecer una alternativa para las personas con problemas de
movilidad
Esta total falta de rigor de la administración municipal, que no ha verificado el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en fase de proyecto, se traducirá, una vez más, en una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades por falta de accesibilidad de las personas con discapacidad que viven en este barrio, dificultando la vida igualmente al resto del vecindario, puesto que la accesibilidad hace a todas las personas la vida más cómoda y segura.
Dicha vulneración, recuerda Eliminando Barreras, está recogida, entre otros, en el artículo 63 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como en el artículo 9 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Esta grave situación, que como poco impedirá a las personas con discapacidad el poder desenvolverse de forma autónoma por las calles de su propio barrio, podría haberse evitado cumpliendo la normativa de accesibilidad universal, según la cual, en los viales existentes de zonas urbanas consolidadas en los que no sea posible construir aceras de 150 cm de ancho debido a la estrechez de las mismas, como ocurre en este caso, es obligatorio resolver la calle como una plataforma única de uso compartido, en la que la calzada y la acera quedan al mismo nivel.
Esta solución, tan fervientemente defendida y utilizada por el Ayuntamiento de Sevilla como única alternativa posible en otras zonas de la ciudad (Mateos Gago, San Luis, Asunción, Constitución…), no se ha puesto en práctica en esta zona desfavorecida de la ciudad que, al parecer, se escapa del ámbito de aplicación de la normativa y en la que las bondades de este tipo de calles no parecen ser adecuadas, según se desprende de la actuación de nuestro Ayuntamiento.
Desde la asociación se preguntan cómo es posible que el Ayuntamiento decida cumplir la normativa de accesibilidad según el barrio de que se trate. ¿Acaso los vecinos y vecinas de Bellavista no pagan sus impuestos? ¿Se merecen menos que las personas que viven en otros barrios a los que siempre van destinadas las mayores inversiones municipales?
Como en el resto de la ciudad, en esta zona de Bellavista el Ayuntamiento de Sevilla tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación de la normativa de accesibilidad; normativa que en este barrio se está incumpliendo.
¿Cuándo veremos que se sanciona a los responsables de esta mala utilización de nuestro dinero? ¿Se expedientará a las personas que han autorizado que este proyecto siga adelante?
Eliminando Barreras espera que algún tribunal de Sevilla decida investigar en profundidad este asunto, que atenta contra los derechos humanos (el derecho a vivir en un entorno accesible tiene tal consideración, según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad), y llegue hasta el final depurando responsabilidades.
